España tampoco es lugar para historiadores. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación mantiene clasificada como "secreta" y "reservada" desde 2010 la práctica totalidad de su documentación incluyendo los fondos históricos de su archivo compuestos por papeles diplomáticos del siglo XV al XX, mientras que el Ministerio de Defensa canceló en mayo de 2012 1a publicación de 10.000 documentos que estaban listos para su desclasificación.
La conclusión es contundente: "En España es imposible, a día de hoy, llevar a cabo una investigación histórica completa que tenga en cuenta algún aspecto internacional", señala a Público David Jorge, investigador y profesor de la Universidad de Wesleyan (Connecticut)
"Es una cuestión de salud democrática", denuncia el investigador David Jorge
En términos prácticos, el Estado español impide a los profesionales de la investigación histórica realizar investigaciones de temáticas tan diversas como la represión franquista, las negociaciones para la liberación de los españoles secuestrados en Malí y Somalia, las relaciones entre la dictadura de Primo de Rivera y la Sociedad de Naciones o la política del Protectorado español en Marruecos. "
Es una cuestión de salud democrática . Me pregunto a qué tiene miedo el Estado para impedir la investigación", incide David Jorge.
La situación se hace más dramática cuando se compara a España con los países de su alrededor. Ningún otro país ha bloqueado el acceso a documentación histórica que data de los siglos XVI al XX. Una decisión que ha motivado graves problemas en numerosas investigaciones históricas (muchas de ellas financiadas, paradójicamente, con dinero público), pero que también atenta, asegura David Jorge, contra "los principios de transparencia" que se le presuponen a un Estado democrático de derecho.
300 investigadores exigen al Gobierno que se desbloquee el acceso a la documentación diplomática española de carácter histórico
Para pedir el fin de esta situación de bloqueo que arrancó en 2010, y que aún no tiene fecha de solución, alrededor de 300 investigadores, entre los que se encuentran Ángel Viñas, Jean-Marc Delaunay, Helen Graham y Ángeles Egido León, así como personalidades del mundo de la cultura como la escritora -y ex directora de la Biblioteca Nacional de España- Rosa Regàs, han dirigido una petición al Gobierno y a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado para exigir que se desbloquee de inmediato el acceso a la documentación diplomática española de carácter histórico y se garantice el acceso a los 10.000 documentos militares de los años 1936 a 1968 que el ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha decidido retener pese a estar listos para su desclasificación desde 2011.
Moratinos, en el origen
La clasificación del archivo de Exteriores fue descubierto por los investigadores Álvaro Jimena Millán y Carlos Sanz Díaz, del departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, cuando en en marzo de 2011 solicitaron autorización al Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores para consultar documentación en relación a sus investigaciones de carácter académico. Jimena trató de acceder a los informes sobre las relaciones de España con China, Japón y Filipinas de 1975 a 1982. Sanz investigaba las relaciones relaciones hispano-alemanas entre 1970 y 1982.
La contestación fue la misma para los dos. "Recibimos una negación por escrito en las que se nos decía que esa documentación era secreta en función de una acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de octubre de 2010, que no estaba publicado", explica Sanz a Público. El acuerdo secreto al que remitió Exteriores fue tomado en el Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2010, con Zapatero de presidente. En él se otorgó la clasificación de secreto a todo documento relacionado con 17 materias comprendidas en un listado tan genérico que blinda prácticamente cualquier dato que afecte a las relaciones diplomáticas.
La promesa incumplida de Margallo
En junio de 2012, el actual ministro de Exteriores José Manuel García Margallo aseguró que revisaría el acuerdo alcanzado por el Ejecutivo de Zapatero para determinar con mayor precisión las materias que afectan a la seguridad y defensa nacional procediendo, después, a poner a disposición de los investigadores todos aquellos documentos que no afectaran a la seguridad nacional.
Sin embargo, muy lejos de solucionar la situación, la acción del Ministerio de Margallo ha dado otra vuelta de tuerca al asunto. En septiembre de 2012, Exteriores cerró el acceso a su Archivo General y dispersó sus fondos entre el Archivo Histórico Nacional y el Archivo General de la Administración sin comunicar si esos fondos serán algún día consultables de nuevo, y en su caso cuándo y en qué condiciones.
Libertad de información
El profesor de Historia de la Universidad Complutense de Madrid Carlos Sanz considera que el problema generado por la opacidad del Estado respecto a sus archivos va más allá que los daños ocasionados a los "innumerables proyectos de investigación en marcha". "Se trata del daño a la imagen y el prestigio del país más allá de nuestras fronteras, así como de la degradación de la calidad de la democracia española que se derivan de unas decisiones que nos alejan de los estándares europeos e internacionales de protección de derechos democráticos básicos como el de libertad de información e investigación", sentencia Sanz.
El sistema polític sorgit de la transició espanyola sempre ha impedit l'accés a gran part dels documents de la dictadura.. Una manca de transparència que busca la protecció d'importants sectors davant qualsevol reclamació de justícia, o senzillament impedir que la població conegui la veritat.
